El Convenio de Aarhus sobre acceso a la información, participación pública en la toma de decisiones y acceso a la justicia  en materia de medio ambiente, así como la normativa comunitaria derivada del mismo, suponen el concepto de la Administración pública abierta y transparente. El público goza así del derecho a acceder a la información ambiental que las autoridades públicas poseen.

Los compromisos internacionales y comunitarios obligan a la difusión de amplia información ambiental, como es por ejemplo información sobre la legislación, sobre el estado del medio ambiente, sobre proyectos, planes y programas  o sobre decisiones que se adopten que pueden afectar al medio ambiente.

Ello contribuye a cumplir el mandato constitucional de garantizar el derecho de todos a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona así como cumplir con la obligación de todos de conservarlo.

¿Qué es la Información Ambiental?

Según la definición que establece la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, en su artículo 2, se entiende por información ambiental toda información en forma escrita, visual, sonora, electrónica o en cualquier otra forma, que verse sobre las siguientes cuestiones:

• El estado de los elementos del medio ambiente, como el aire y la atmósfera, el agua, el suelo, la tierra, los paisajes y espacios naturales, incluidos los humedales y las zonas marinas y costeras, la diversidad biológica y sus componentes, incluidos los organismos modificados genéticamente; y la interacción entre estos elementos.
• Los factores, tales como sustancias, energía, ruido, radiaciones o residuos, incluidos los residuos radiactivos, emisiones, vertidos y otras liberaciones en el medio ambiente, que afecten o puedan afectar a los elementos del medio ambiente citados anteriormente.
• Las medidas, incluidas las medidas administrativas, como políticas, normas, planes, programas, acuerdos en materia de medio ambiente y actividades que afecten o puedan afectar a los elementos y factores citados en los anteriores epígrafes, así como las actividades o las medidas destinadas a proteger estos elementos.
• Los informessobre la ejecución de la legislación medioambiental.
• Los análisis de la relación coste-beneficioy otros análisis y supuestos de carácter económico utilizados en la toma de decisiones relativas a las medidas y actividades citadas en el tercer punto.
• El estado de la salud y seguridad de las personas, incluida, en su caso, la contaminación de la cadena alimentaria, condiciones de vida humana, bienes del patrimonio histórico, cultural y artístico y construcciones, cuando se vean o puedan verse afectados por el estado de los elementos del medio ambiente  o, a través de esos elementos, por cualquiera de los extremos citados en el segundo y tercer punto.

Además, en su artículo 7 se cita que el contenido mínimo de la información objeto de difusión ha de incluir:

• Lostextos de tratados, convenios y acuerdos  internacionales y los textos legislativos comunitarios, estatales, autonómicos o locales sobre el medio ambiente o relacionados con ellos.
• Políticas, programas y planes relativos al medio ambiente, así como sus evaluaciones ambientales cuando proceda.
• Informes de los avances registradosen materia de aplicación de las normas y textos legislativos.
• Informes anuales del estado del Medio Ambiente.
• Informes o resúmenes de los datos derivadosdel seguimiento de las actividades que afecten o puedan afectar al medio ambiente.
• Autorizacionesy acuerdos con un efecto significativo sobre el medio ambiente.
• Estudios sobre  el impacto ambiental y evaluaciones del riesgorelativos a los elementos del medio  ambiente en su defecto una referencia al lugar donde se puede solicitar o encontrar la información.