El director general de Ordenación Pesquera del  Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Carlos Larrañaga, ha presidido hoy, en la sede del Departamento,  la reunión en la que ha quedado constituido el  Comité de Seguimiento del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP).

Este órgano está compuesto por representantes de 90 entidades, entre las que se encuentran las Comunidades Autónomas, como Organismos Intermedios de Gestión del Fondo, las Organizaciones de los sectores extractivo, acuícola y de la industria, comercializadora y transformadora de ámbito supra-autonómico. También está integrado por  organizaciones sindicales, medioambientales, de los ámbitos de la ciencia y tecnología, de igualdad de género y medio ambiente, así como de entidades de la Administración General del estado con intereses directos en la gestión de este Fondo.

En la reunión de hoy el Comité ha adoptado su Reglamento de funcionamiento interno, y ha iniciado la adopción de criterios que servirán de base para la selección de las operaciones que puedan financiarse y para el desarrollo de un ambicioso plan de comunicación, que permitirá divulgar y dotar de transparencia las actuaciones que se lleven a cabo.

También se ha aprobado la metodología para la cumplimentación de los proyectos que se financien en el marco de la estrategia Atlántica, que se recoge de manera más específica en acciones regionaees denominadas de Inversión Territorial Integrada “Azul”.

FONDO EUROPEO MARÍTIMO Y DE PESCA

El Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP), constituido como la principal herramienta financiera de la Política Pesquera Común (PPC), contribuye a la consecución de la Estrategia Europa 2020 en el marco de los fondos estructurales y de inversión europeos.

Para la gestión del Fondo, España podrá disponer de 1.161,6 millones de euros procedentes del presupuesto comunitario, con lo que se convierte en el primer país perceptor de fondos pesqueros de la Unión Europea. Esta cantidad, unida a las aportaciones de la Administración General del Estado,  de las Comunidades Autónomas y la participación privada, podrá ascender hasta 2.200 millones de euros.

Fuente: www.magrama.gob.es